La jueza Yanibet Rivas del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional se reservó el fallo sobre si envía a juicio a Hugo Beras, Jochi Gómez y demás imputados, para el próximo 5 de mayo a partir de las 9:00 de la mañana, a lo que la procuradora de corte Mirna Ortiz afirmó que indiscutiblemente serán procesados, debido a que el Ministerio Público probó la acusación por corrupción administrativa.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) destacó la contundencia de las pruebas presentadas durante la audiencia preliminar, al responder preguntas de la prensa a la salida del tribunal, afirmando que las defensas quisieron “tender una cortina de humo”, pretendiendo envolver al tribunal y a la prensa con insinuaciones y afirmaciones al margen del derecho y sin ninguna prueba.
Ortiz dijo que ninguna de las dos defensas se refirió a los mensajes de WhatsApp que corroboran las afirmaciones que ha hecho el Ministerio Público de que ya la licitación había sido entregada a José Gómez Canaán desde antes de materializarse el proceso mismo de licitación.
Resaltó que esas actuaciones conjugan todo el esquema de defraudación al Estado dominicano, al estar jugando con cartas marcadas, “evidentemente para favorecer proveedor con el que ya se tenían relaciones a cambio de beneficios económicos”.
“Eso es lo que ha demostrado el Ministerio Público en esta audiencia y por lo que corresponderá, indiscutiblemente, un auto de apertura a juicio”, subrayó.
Ortiz representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los procuradores fiscales Emmanuel Ramírez y Jonathan Pérez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Proceso. En el caso son procesados Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y José Ángel (Jochi) Gómez Canaán, propietario de Aurix S.A.S. También, Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
De igual modo, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.
La acusación incluye además, a Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso, así como las personas jurídicas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Durante el proceso el Ministerio Público indicó que en el transcurso de la investigación obtuvo pruebas de la existencia de diversas líneas delictivas, incluyendo corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos, irregularidades que se desarrollaron principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa.
Según determinó el Ministerio Público, mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
Añade el órgano acusador, que el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix, y que bajo su dirección, dichas entidades conformaron un entramado criminal dedicado a la estafa contra el Estado, al lavado de activos y al sabotaje tecnológico, consolidando su control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos del Estado.