A Gabriel Capellán (el Pastor o Capellán), e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, el juez José Carlos Arias de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal, les impuso prisión preventiva al primero y garantía económica de RD$20 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país al segundo, tras ser acusados de presuntamente cometer delitos de maltrato físico y psicológico, así como de trabajo o servicio forzado, en perjuicio de varios niños en el local donde opera la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), en San Cristóbal.
La medida cautelar fue solicitada por el Ministerio Público, tras ambos imputados ser sometidos a la justicia por los delitos en contra de los menores de edad. Capellán deberá cumplir la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR.XVII) de Najayo San Cristóbal, establece la decisión del magistrado.
Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), así como por las fiscales Ramona Santana, titular de San Cristóbal, y Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales (UAVGIDS), presentaron la solicitud, mientras que en la audiencia litigaron el caso los fiscales Fanny Garabitos Guerrero y Roberto Reyes, en representación del Ministerio Público. }
En el proceso las personas afectadas fueron representadas por abogados del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).
El caso. Detalla la instancia, que en el marco de una operación ejecutada la noche del 29 al 30 de agosto de 2026, el Ministerio Público, conjuntamente con otros órganos, realizó allanamientos simultáneos en los sectores La Pared y El Carril, del municipio de los Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, siendo rescatados en el operativo 13 niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los cuatro (4) meses y los trece (13) años.
Añade asimismo, que las víctimas presentaban signos evidentes de maltrato físico y psicológico, y que el centro intervenido operaba bajo la fachada de una fundación y un espacio religioso, ubicado en el interior de una finca.
En ese sentido, la Fiscalía de San Cristóbal, conjuntamente con la PETT, y auxiliadas por el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional y la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), con la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), ejecutaron las acciones.
Precisan los ejecutantes, que el operativo se desencadenó a partir de la fuga de uno de los menores retenidos en el lugar, quien se presentó a un destacamento policial, alertando a las autoridades sobre las condiciones de maltrato a las que eran sometidos los niños alojados en el establecimiento.