Con un despliegue de 35 fiscales quienes encabezaron 28 allanamientos realizados en Santiago y Puerto Plata, el Ministerio Público informó la puesta en marcha de la Operación XL526 contra una estructura que ha calificado como criminal, la cual se dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a residentes en Estados Unidos para obtener fondos con los que además incurría en el delito de lavado de activos.
La ejecución se hizo a través de la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, junto a la que se llevó a cabo el arresto de 20 personas, incluyendo a cinco cabecillas y seis integrantes de la red.
Las acciones puestas en marcha contó con la colaboración de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado, y el Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales (Deidet), la Policía Nacional, HSI Santo Domingo; la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO), organismos que atacaron a los miembros de la red que se dedicaban, de manera sistemática y organizada, a la comisión de estafas, chantajes y obtención ilícita de fondos desde República Dominicana.
Señala el Ministerio Público en su informe, que mediante sus acciones fraudulentas, la organización criminal recababa fondos para proceder a la transferencia, ocultamiento y blanqueo de los capitales, con la finalidad de darles apariencia de legalidad en sus maniobras de ocultamiento a las autoridades.
Los arrestados. Durante la operación fueron arrestados los identificados como cabecillas de la estructura criminal: Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte, así como también, los miembros Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.
Añade asimismo, que otros ocho fueron detenidos con fines de investigación, mientras que el Ministerio Público persigue a otro hombre vinculado a la estructura criminal.
En las próximas horas, los integrantes de la red criminal serán sometidos a la acción de la justicia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, bajo los cargos de delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y el uso de armas de fuego.
Se informó también, que la organización de crimen organizado de carácter internacional, tenía como base operativa el municipio Jacagua, provincia de Santiago, y que es integrada por individuos que dominan el idioma inglés y utilizan herramientas tecnológicas para la ejecución de sus actividades ilícitas, siendo su modus operandi la captación de víctimas a través de anuncios publicitarios, para posteriormente someterlas a extorsión y chantaje, conforme a un guion previamente estructurado por los cabecillas de la misma.
Indica además, que los imputados usaban medios tecnológicos a través de los que se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, tales como: el “Cartel de Sinaloa”, con el propósito de asustar e intimidar a las víctimas que exigían la entrega de dinero y a las que enviaban imágenes de crímenes horrendos como una forma de amenaza.
Refiere el documento, que los fondos así obtenidos por los imputados eran posteriormente canalizados mediante diversos mecanismos de movilización, incluyendo el uso de criptomonedas -como el Bitcoin-, transferencias electrónicas, transferencias espejo y depósitos a través de empresas remesadoras y plataformas de pago, transacciones que fueron realizadas, en la mayoría de los casos, a favor de terceros, los cuales con la investigación han sido identificados, con el objetivo de dificultar la trazabilidad de los fondos y encubrir su origen ilícito.
Detalla la información, que la ostentación de un estatus de bienestar económico por parte de los miembros de la organización criminal, incentivaba la incorporación de nuevas personas, principalmente jóvenes en la ciudad de Santiago de los Caballeros y sus municipios aledaños, y que estos empleaban mecanismos de intimidación y coacción que han generado graves afectaciones psicológicas en las víctimas, ya que las amenazaban provocándoles temor, sufrimiento y perturbación emocional, tanto a las víctimas directas como también entre sus familiares.