Redacción Delegalymas
La Ley 45-25, mediante la cual se dispone la fusión de los ministerios de Hacienda y de Economía, Planificación y Desarrollo, por el nuevo Ministerio de Hacienda y Economía, fue promulgada por el presidente Luis Abinader este martes.
La transformación institucional implica la derogación de la Ley número 496-06, del 28 de diciembre de 2006, que creó la entonces Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo.
La ley, aprobada de urgencia por la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 15 de julio de 2025, y previamente sancionada por el Senado de la República el 22 de mayo del presente año, tiene por objetivo asegurar una articulación más eficiente entre la política fiscal y el sistema nacional de planificación e inversión pública, en coherencia con los principios de eficiencia, sostenibilidad fiscal y buena administración pública, según las argumentaciones del Ejecutivo al respecto.
Destaca además, que la nueva legislación reorganiza las estructuras orgánicas de ambos ministerios para consolidarlos en una única entidad rectora en materia económica, financiera y de planificación, destacándose entre sus principales cambios: la supresión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), cuyas funciones sustantivas en materia económica, de planificación e inversión pública pasan al Ministerio de Hacienda y Economía.
La transferencia de competencias al Ministerio de la Presidencia en áreas como cooperación internacional, y ordenamiento territorial, y la reorganización de los viceministerios bajo una nueva estructura que comprende áreas como Tesoro y Patrimonio, Presupuesto y Contabilidad, Planificación e Inversión Pública, Política Fiscal, Crédito Público y Economía.
Se establece el nuevo ministerio como órgano rector del sistema nacional de planificación e inversión pública y del conjunto de políticas macroeconómicas y fiscales del país. Contempla de igual forma, disposiciones específicas para asegurar la continuidad de los servicios públicos, garantizar la transición ordenada del personal y definir los plazos para la adecuación normativa, presupuestaria y administrativa.
Las reformas, precisa el Ejecutivo, responde a las directrices de la Estrategia Nacional de Desarrollo y al Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública, con miras a dotar al Estado dominicano de estructuras más racionales, eficaces y orientadas a resultados.