Redacción Delegalymas
Por alegadas irregularidades en el proceso de licitación para la emisión de licencias de conducir por un contrato que asciende a RD$8,400 millones, ejecutado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Según señala la instancia, el director del INTRANT, Milton Morrison, actuó en confabulación con el Consorcio Mobility ID para cometer actos que, de acuerdo con la denuncia de ADOCCO, constituyen delitos contemplados en el ordenamiento jurídico dominicano.
El presidente de ADOCCO, Julio César de la Rosa Tiburcio, solicita a la directora de la PEPCA, Mirna Ortiz, investigar el proceso de licitación, en el que afirma únicamente participó el Consorcio Mobility ID, integrado por las mismas empresas responsables de la emisión de libretas de pasaportes y de la nueva cédula de identidad y electoral.
Detalla el documento depositado, que las actuaciones del director del INTRANT y del consorcio estarían tipificadas como delitos de falsificación de documentos públicos en violación a los artículos 146, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal, asociación de malhechores tipificada en los artículos 265 y 266 del Código Penal y lavado de activos y financiamiento del terrorismo sancionado en artículos 2.11, 3.1, 3.2 y 3.3 de la Ley 155-17.
Afirma de igual manera, que dichos delitos de corrupción administrativa, violan también los artículos 166, 167, 175 y 176 del Código Penal, soborno en el comercio y la inversión en contraposición del artículo 2 de la Ley 448-06.
El contrato. Detalla que el mismo asciende a RD$8,400 millones y fue adjudicado al Consorcio Mobility ID, conformado por Midas Dominicanas S.R.L., G.E.T. Secure ID Corp., Consorcio STC, S.A. y Thomas Greg & Sons Gráfica e Serviços.
Advierte ADOCCO, que la concentración de información sensible en manos de las mismas empresas como son las cédulas, pasaportes y licencias de conducir, representa un riesgo para la seguridad nacional y puede facilitar la creación fraudulenta de identidades y documentos oficiales.
Según afirma en su denuncia, el Consorcio habría presentado documentación falsa sobre la impresora láser CLM600, atribuyéndose la condición de fabricante exigida en el pliego de condiciones, sin poseerla realmente.
De la Rosa Tuburcio señala que el INTRANT ignoró las impugnaciones presentadas, continuando con el proceso y adelantando incluso la apertura del Sobre B, al tiempo que manifestó que la licitación fue tan dirigida que solo pudo participar Mobility ID, debido a trabas impuestas a otros oferentes, como la exigencia de una línea de crédito de 25 millones de dólares.
“Esto viola los principios constitucionales de libre empresa, participación y evaluación objetiva establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas”, enfatizó el presidente de ADOCCO.
Revela Julio César de la Rosa Tiburcio, que entregó a la PEPCA todas las pruebas documentales que respaldarían las irregularidades denunciadas y reiteró su solicitud de una investigación exhaustiva.