Redacción Delegaymas
La jueza Altagracia Ramírez del Cuarto Juzgado de Instrucción, aplazó este jueves para el próximo 4 de diciembre la audiencia preliminar del “Operación Calamar” contra los exministros Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y demás, a quienes se les acusa de defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.
Respecto al aplazamiento, el Ministerio Público reiteró que se encuentra preparado para la audiencia preliminar, pero que las defensas de los imputados continúan utilizando tácticas dilatorias, ya que la audiencia ha sido aplazada en al menos 19 ocasiones.
En ese sentido, los fiscales Melbin Romero y Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución, y Arolin Lemos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), recordaron que la primera audiencia del expediente derivado de la “Operación Calamar” se fijó para el 17 de junio de 2024. Y, desde el pasado 26 de agosto de 2024, la audiencia preliminar se ha aplazado unas 19 veces, por recusaciones, licencias por razones de salud, desgloses de imputados y otras por falta de notificación.
“La posición del Ministerio Público es que siempre hemos estado disponible para conocer la audiencia, sin embargo, diferentes partes de las defensas de este caso de ‘Operación Calamar’ se han dedicado a la tarea de utilizar licencias médicas como instrumento dilatorio para que no se conozca”, dijo el fiscal Melbin Romero.
Al responder a periodistas de la fuente judicial que lo abordaron a la salida de la audiencia pospuesta, indicó que “hoy, cuando estaba pautado el inicio de la defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el imputado Juan Tomás Polanco Céspedes, presentó un certificado médico con licencia de cinco días”.
Sostiene el órgano acusador, que los imputados desarrollan una estrategia con el interés de evitar que se conozca el proceso judicial y que los tribunales dicten las sanciones que espera la sociedad dominicana.
“Operación Calamar”. Según la acusación, los procesados integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como por sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
Al respecto, el Ministerio Público presentó acusación contra 46 personas físicas y jurídicas. El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos, entre otros delitos.