Este viernes, vía un comunicado de prensa, la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez denunció que el Ministerio Público ha lanzado una intensa ofensiva comunicacional, dirigida a desviar la atención sobre la decisión que dará el próximo lunes 17 de agosto el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, sobre si corresponde extinguir el proceso judicial que se sigue contra su cliente, el cual reitera ya alcanza seis años, cuando el plazo máximo establecido en el artículo 150 del Código Procesal Penal es de cuatro años.
Sostiene la defensa, que luego del amplio debate público generado durante este semana sobre la procedencia de la extinción y que diversos sectores de la comunidad jurídica del país hayan confirmado que la solución jurídica aplicable al caso en cuestión, es declarar la extinción, el órgano acusador, nueva vez “intenta trasladar la discusión hacia las falsas imputaciones de fondo, difundiendo declaraciones sobre las fallidas ‘34 líneas de investigación’, el ‘blindaje’ del expediente e incluso supuestos acuerdos que Jean Alain Rodríguez niega categóricamente que existan”.
“No existe ningún acuerdo ni negociación por parte de Jean Alain Rodríguez. Quizás el Ministerio Público esté confundiendo este proceso con otros casos en los que sí se han discutido acuerdos, como el que se rumora respecto al caso SENASA”.
“Aquí lo que existe es una solicitud de extinción que el tribunal debe decidir conforme a la ley, y lo que el Ministerio Público debería explicar es por qué tres decisiones de tres tribunales, entre ellas la número 059-2023-SRES-00003 del Tercer Juzgado de la Instrucción, descartaron que las dilaciones sean atribuibles a nuestro cliente y que los retrasos fueron generados por el Ministerio Público”.
Señala el documento: “De eso es que deberían hablar: de una pobre investigación de dos años; de haber solicitado prórrogas, de haber sido intimados a depositar la acusación, del ocultamiento y entrega tardía de documentos; del desacato de sentencias; de haber construido una acusación de más de 12,000 páginas, de entregar un disco duro defectuoso con 3,000 supuestas pruebas y 666,000 archivos, y de haber incluido, para abultarlo, hasta pruebas de otros casos”.
“Esas son las dilaciones y deficiencias que el Ministerio Público debe explicar antes de pretender trasladar al imputado las consecuencias del vencimiento del plazo legal”, afirma la defensa.
Advirtieron los abogados en ese sentido, que esa estrategia comunicacional pretende distraer a la ciudadanía y generar presión pública sobre los jueces mediante la discusión de acusaciones que la defensa sostiene haber desmontado documentalmente, “cuando la cuestión en debate hoy y pendiente de decisión no consiste en determinar el fondo del expediente, sino que el Estado agotó el tiempo de cuatro años que la legislación le concede para mantener abierta la persecución penal”.
“Ya desmontamos esas 34 imputaciones y lo haremos cuantas veces sea necesario. Pero ese no es el debate que debe distraer hoy al país. La pregunta es mucho más sencilla: ¿puede el Estado mantener durante casi seis años un proceso para el cual la ley estableció un límite máximo de cuatro?”, concluye el documento del equipo de abogados del exprocurador.