La madrugada de este martes el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos a los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, así como al coronel Rafael Núñez de Aza, imputados en las denominadas operaciones de corrupción administrativa “Coral y Coral 5G”.
El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público para la imposición de las condenas, órgano que ha calificado la decisión judicial como histórica, ya que 29 de los acusados fueron sentenciados.
Fueron condenados también a 15 años de prisión el general Julio Camilo De los Santos Viola y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la pastora), quienes además deberán pagar multas de 400 y 300 salarios mínimos a favor del Estado dominicano.
Respecto a las sentencias, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, definió la decisión como “histórica”. “En este caso el tribunal ha condenado a 29 personas, evidentemente esta es una sentencia ejemplar y una victoria del Ministerio Público”, dijo Camacho.
“La decisión que ha dado el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional es histórica, ha condenado entre 10, 15 y 20 años a la plana mayor de esta estructura criminal. Y esta sentencia es un reconocimiento al trabajo del Ministerio Público y a la fortaleza de la investigación”, añadió.
“Nosotros esperamos que, en la medida en que nosotros sigamos presentando las pruebas como lo hemos hecho hasta ahora, los tribunales sigan enviando señales de esta naturaleza que nos permitan seguir empujando la frontera de la impunidad”, enfatizó Camacho.
En la audiencia Caso Coral y Coral 5G. El director general de Persecución representó al Ministerio Público en la audiencia junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y los fiscales Jonathan Elías Pérez, Arolin Lemos, Miguel Collado, Enmanuel Ramírez y Melbin Romero.
El fallo fue emitido por las juezas Giselle Méndez (presidenta), Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Durante el proceso judicial fueron enjuiciados 36 imputados, incluyendo 26 personas físicas y 10 jurídicas, con el juicio iniciado el 27 de junio de 2024.
Los demás condenados. La sentencia, que será leída de manera íntegra el próximo 14 de agosto, a partir de las 2:00 de la tarde, impone también penas de 10 años de prisión a la empleada bancaria Esmeralda Ortega Polanco y al mayor policial José Manuel Rosario Pirón, quienes también deberán pagar multas de 400 y 200 salarios mínimos del sector público.
Igualmente, fue condenado a 10 años de prisión y el pago de una multa de 300 salarios mínimos del sector público el teniente coronel Kelman Santana Martínez, así como a 10 años y al pago de 200 salarios mínimos al general del Ejército Boanerges Reyes Batista, el capitán de la Armada Franklín Antonio Mata Flores, la primer teniente policial Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, y el primer teniente de la Fuerza Aérea Erasmo Roger Pérez Núñez.
Asimismo, fueron condenados a cinco años de prisión el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez y Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, e igualmente a cinco años de prisión y al pago de una multa de 50 salarios mínimo del sector público a Alejandro José Montero Cruz.
También fue condenado a 3 años de prisión Pedro Roberto Castillo Nolasco, y a 5 años de prisión y al pago de multas de 100 salarios mínimos a Lucía de los Santos Viola, Onoris Beatriz Soto de los Santos y Epifanio Peña Lebrón. Fueron igualmente condenados a 5 años de prisión y al pago de multas de 50 salarios mínimos Manuel de Jesús Alba Solano y a Élida María Trinidad Santiago.
Y fue sentenciado por mayoría de votos a 3 años de prisión y al pago de una multa de 500 mil pesos Carlos Augusto Lantigua Cruz, así como a 3 años de prisión y al pago de 100 salarios mínimos Raymel Pastor del Rosario Viola.
Igualmente, el tribunal ordenó la disolución y el pago multas de 200 salarios mínimos para las empresas CSNA Universo Empresarial, S.R.L.; Randa Internacional Company, E.I.R.L., Aldom Glass Alumimium, S.R.L.; Rawel Importadores S.R.L.; R & F Agroindustrial, S.R.L., y Hacienda Kelman, S.R.L., así como también la disolución y el pago multas de 200 salarios mínimos para las empresas CSNA Universo Empresarial, S.R.L.; Randa Internacional Company, E.I.R.L., Aldom Glass Alumimium, S.R.L.; Rawel Importadores S.R.L.; R & F Agroindustrial, S.R.L., y Hacienda Kelman, S.R.L..
El tribunal colegiado emitió un fallo absolutorio, aunque con varios votos disidentes, para los procesados Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Santiago Suárez, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Tanner Antonio Flete Guzmán y Erick Daniel Pereira Núñez, así como para la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, al tiempo que rechazó la solicitud de las defensas de 26 imputados que pidieron a las juezas que declararan la extinción de la acción penal del proceso por corrupción administrativa que afectó a varias entidades del Estado.
Determinación del tribunal. Dijo que con el dinero sustraído de las nóminas los miembros del entramado adquirieron bienes, señalando que existen elementos de pruebas suficientes para determinar la participación de los imputados Adán Benoni Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou, Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, José Manuel Rosario Pirón, Pedro Castillo Nolasco y Esmeralda Ortega Polanco en el esquema de sustracción de fondos de la nómina de los cuerpos especializados de Seguridad Turística (Cestur) y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), comprometiendo su responsabilidad penal.
Indicó además, que en cuanto al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia la acusación sostiene que se intentó trasladar a esa institución parte de la estructura que venía operando en el Cestur y en el Cusep.
Señaló que para entonces el mayor general del Ejército de República Dominicana (ERD) Adán Cáceres Silvestre se desempeñó como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep); el general de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) Julio Camilo de los Santos Viola, exsubdirector subjefe de esa institución, y el general Juan Carlos Torres Robiou, extitular del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur).
Acusación del Ministerio Público. Le imputa al grupo de generales encabezar la red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, las cuales que según afirma, operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). Entre las entidades afectadas incluye al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).