Será el próximo lunes 29 de junio cuando se les conocerá medidas de coerción a los imputados Héctor Antonio Lora Cruceta y Luisa Yasiris Guzmán, su actual esposa, así como a Dilcia Isabel Vargas Sánchez, arrestados tras la puesta en marcha de la Operación Onco14, luego de que este jueves la jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, decidió aplazar la audiencia hasta el próximo lunes 29 de junio.
Tras agotar la etapa de réplica y contrarréplica, el Ministerio Público espera que el próximo lunes se conozca la decisión de la jueza, a la que pide enviar a prisión de dos de los involucrados en la estructura que afirma se aprovechó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes con cáncer, así como al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El órgano acusador expuso este jueves en la audiencia que deben ser enviados a prisión Héctor Antonio Lora Cruceta, su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y a arresto domiciliario la imputada Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
En ese sentido, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, quien encabezó el equipo litigante junto a Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y la procuradora de corte Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago, así como Joanna García, de la Dirección General de Persecución, a cargo de la Dirección Técnica de la Fiscalía de Santiago, y Elvin Ventura, encargado de Casos Complejos en esa jurisdicción, esperan la medida de coerción solicitada al tribunal.
En la instancia presentada ante el tribunal, solicita que se impongan 18 meses de prisión preventiva contra los imputados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, así como para su actual esposa Luisa Yasiris Guzmán.
Solicita además, que se declare el proceso de tramitación compleja por la pluralidad y la gravedad de los hechos imputados, así como por la posible pena a imponer en un juicio.