La noche de este domingo 27 de septiembre fue dado en fallo que el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, se había reservado el pasado viernes respecto a su decisión sobre las medidas de coerción pedida por el Ministerio Público para los imputados en la “Operación Cobra 2.0-A”, vinculada al caso SeNaSa.
A los procesados el magistrado les impuso prisión preventiva a 24 de ellos, así como prisión domiciliaria y garantías económicas. Al respecto, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, calificó la decisión como un reconocimiento a la investigación realizada por el Ministerio Público.
“Hay tres puntos que quiero tocar de este proceso: en primer lugar, este es un proceso del que debemos aprender. Y, quiero aprovechar, para exhortar a los médicos a que no presten sus códigos”, dijo Camacho al ser preguntado por los periodistas sobre el fallo dado por el juez. “Prestar los códigos, puede arrastrarlos a un proceso penal. Si los 22 médicos que fueron procesados en este caso no hubiesen prestado su código, este caso no hubiese existido”, dijo.
En segundo lugar, respecto a la decisión, el titular de la Dirección de Persecución expresó: “todos los imputados, excepto dos, quedaron privados de libertad por la decisión que ha rendido el tribunal en el día de hoy. Este es un reconocimiento del juez a la fortaleza de la investigación del Ministerio Público y, a nosotros, esa decisión nos parece una decisión razonable”, destacó.
“En tercer lugar, la investigación sobre lo sucedido en SeNaSa no se cierra, no concluye con esta investigación y vamos a ir por más”, adelantó Camacho, quien encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público en la audiencia junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); el procurador de corte Héctor García y los fiscales litigantes Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.
La coerción de prisión preventiva. Les fue impuesta a Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, del municipio San Antonio de Guerra, mientras que Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, la cumplirán en el Centro de Corección y Rehabilitación Najayo Mujeres, por 18 meses.
En tanto que el arresto domiciliario se les impuso a Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Mientras que les fue impuesta una garantía económica de 2 millones de pesos a través de compañía aseguradora, impedimento de salida y arresto domiciliario a Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Asimismo, a Martha María Saldaña Saldaña le fue impuesta una garantía económica de tres millones de pesos a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y arresto domiciliario.
Igualmente, se le impuso una garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía, impedimento de salida y presentación periódica a José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré.
La revisión de las medidas cautelares fueron fijadas La revisión obligatoria de la medida de coerción fue fijada para el 22 de diciembre del año 2026.
El proceso judicial. Respecto al SeNaSa, el Ministerio Público arrestó el pasado año con la “Operación Cobra” a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de esa ARS, así como a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Al grupo se le imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Como parte de las líneas de investigación que sigue el proceso, el Ministerio Público también puso en marcha el pasado mes de junio la “Operación Onco14” que llevó al arresto de tres personas por formar parte de la supuesta estructura que, según el órgano acusador, abusó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes afectados por el cáncer y al SeNaSa.
Por el caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, así como su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL. Lora Cruceta y su esposa Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez arresto domiciliario.