Al cumplirse este miércoles 8 de abril el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, siniestro en el que murieron 236 personas y más de 100 sufrieron lesiones físicas y psicológicas, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, dijo que las víctimas de esa tragedia merecen justicia y en un plazo razonable.
Aclaró Reynoso de manera enfática, que el Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de las víctimas, por lo que hará todo lo necesario para evitar que el proceso judicial se convierta en un ejercicio de dilaciones innecesarias, al tiempo que subrayó que “las aproximadamente 400 víctimas, entre fallecidos y heridos, así como sus familiares y la sociedad dominicana en general, tienen el derecho inalienable a recibir una respuesta judicial en un tiempo oportuno”.
Recordó asimismo, que este caso, que afecta a cientos de víctimas directas, mantiene a la vez en vilo a miles de ciudadanos y a la sociedad en general, los cuales en uso legítimo de sus derechos a una respuesta del sistema de justicia, demandan transparencia y celeridad.
“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir que se abuse de manera indebida de las vías procesales para entorpecer el fondo del proceso”, manifestó la procuradora.
El contraperitaje. La procuradora general rechazo asimismo el contraperitaje, pedido por la defensa de los propietarios de la discoteca, por considerarlo “innecesario y absurdo”, tanto la petición de los abogados como la autorización por parte del tribunal.
Señaló que el argumento de un supuesto explosivo carece de fundamento técnico frente a un expediente robusto que contiene evidencias contundentes sobre las fallas estructurales del edificio que alojaba al Jet Set, debido a que los propietarios sobrecargaron el techo, el cual no fue concebido para el cambio de uso ni la sobrecarga que colocaron los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.
Sostuvo asimismo, que “si realmente los acusados sienten la muerte de cientos de seres humanos y ven el caso Jet Set como una de las tragedias más dolorosa, si están compungidos y tienen respeto por la dignidad de las víctimas, como expresaron en un comunicado, entonces deberían evitar entorpecer el conocimiento del fondo del proceso, solicitando contraperitajes absurdos. Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó Reynoso.
Agregó Reynoso, que la solicitud de contraperitaje formulada por la defensa carece de utilidad procesal y pertinencia técnica, constituyendo una maniobra manifiestamente dilatoria que busca desviar la atención de la causa real del colapso del techo de la edificación.
“Resulta jurídicamente irrelevante pretender evaluar la carbonatación del concreto o realizar otros estudios geofísicos profundos cuando la estructura ya había emitido señales inequívocas de fatiga mecánica y pre-colapso que fueron previamente advertidas y deliberadamente ignoradas por los responsables del local”, indicó.
Recordó la procuradora, que “la ciencia de la ingeniería forense establece que ante un cuadro de fallas visibles y progresivas, la causa jurídica no reside en la microestructura del material, sino en la falta de medidas de mitigación inmediatas. Por tanto, someter el proceso a pruebas de cromatografía de gases para detectar explosivos o estudios de suelos kársticos sin que exista un solo indicio fáctico que los sustente, solo es un ejercicio de especulación técnica que busca distar sobre la responsabilidad y postergar, injustificadamente, la decisión judicial sobre un evento lamentable cuya peligrosidad era previsible y evitable”, afirmó.
Las víctimas también tienen derecho a un debido proceso. Enfatizó la procuradora, que el debido proceso jamás puede ser una prerrogativa exclusiva de los imputados, sino un derecho fundamental que asiste a todas las partes involucradas en el proceso penal.
Sostuvo además, que el acceso a una justicia pronta y cumplida constituye la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho todas las víctimas y la sociedad en su conjunto. “El debido proceso es una garantía de las partes; así como protege la presunción de inocencia, también protege el derecho de las víctimas a que su causa sea conocida sin dilaciones indebidas y bajo el principio de razonabilidad”, indicó.
“Dilatar el proceso con argumentos que contradicen la evidencia técnica, más que ejercer un derecho de defensa constituye una franca vulneración del derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”, puntualizó Reynoso.