Por falsificación de documentos judiciales para facilitar ilegalmente la libertad de imputados con delitos graves, el Primer Tribunal Colegiado de Santiago condenó a tres hombres, incluyendo a un empleado en suspensión del Poder Judicial, a cinco y dos años de cárcel.
Los condenados son Ariel Antonio Bencosme Reyes, supervisor en estado de suspensión del archivo central del Poder Judicial en Santiago, quien deberá cumplir una pena de cinco años de cárcel; Francisco de Jesús Comprés Rodríguez, vendedor de fianzas, también con cinco años, así como Jonathan Francisco Vásquez Ventura, uno de los imputados de la “Operación Discovery”, a dos años de prisión.
Asimismo, los jueces Juan Carlos Colón, Claribel Mateo y Gladys de los Santos, dispusieron la absolución del procesado Francisco Antonio Vásquez Pichardo (Frank), padre del sentenciado Vásquez Ventura.
El caso. Según la investigación, la estructura criminal perseguía agenciar la libertad irregular de Vásquez Ventura, quien permanecía encarcelado tras enfrentar imputaciones por la comisión de delitos del cibercrimen y lavado de activos, entre otros hechos graves investigados y judicializados por el Ministerio Público a partir de la Operación Discovery.
Precisa que Vásquez Ventura fue condenado en el primer proceso tras acogerse a la modalidad de pena abreviada por los delitos cibernéticos. En ese sentido, los fiscales Liliana Guillén y Juan Elías Pérez hicieron un recuento minucioso de las pruebas documentales, periciales y materiales, de manera detalladas en el escrito de acusación.
Indica el documento, que los procesados, dos de ellos ejerciendo funciones dentro del sistema judicial, abusaron de la confianza del órgano de justicia, incurrieron en la falsificación de sentencias, resoluciones, contratos de fianza y otros documentos judiciales, para lograr la libertad irregular de imputados, a cambio de altas sumas de dinero.
Añade asimismo que Comprés Rodríguez se desempeñaba como vendedor de fianzas judiciales en Santiago y en La Vega, mientras que Bencosme Reyes ejercía como supervisor del Archivo Central del Poder Judicial en Santiago.
A los acusados se les imputan los cargos penales de falsificación de documentos públicos y privados y uso de documentos falsos, en perjuicio del Estado, que violan los artículos 265, 266, 147, 148, 150, 151 y 177 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la asociación de malhechores, falsedad en escritura auténtica o pública, uso de documentos falsos, y el soborno.